Luis Hernández Navarro
Desde la insurrección de enero de 1994 los distintos gobiernos federales han querido asociar al EZLN con el narcotráfico. Nunca han podido demostrarlo, pero de cuando en cuando lo intentan.
Apenas el pasado 4 de junio el gastado guión volvió a repetirse. Sólo que ahora la amenaza es mayor que en el pasado. En esa fecha más de 200 elementos del Ejército federal, de la Procuraduría General de la República y de la policía estatal y municipal, con el rostro pintado, incursionaron en parte del territorio zapatista de La Garrucha con el pretexto de buscar plantíos de mariguana. Centenares de pobladores de las comunidades de Hermenegildo Galeana y San Alejandro los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras.
Los poblados zapatistas prohíben la siembra, el tráfico y el consumo de drogas. Ni siquiera se permite beber o vender alcohol en ellos. No es un hecho nuevo. Desde el inicio del levantamiento armado la comandancia rebelde hizo pública esta disposición. La medida sigue en vigor con las autoridades civiles que se hacen cargo de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. No sucede lo mismo con las comunidades priístas, donde se cultivan enervantes en contubernio con la fuerza pública.
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